El acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura incluye un endurecimiento de la política migratoria con dos medidas clave: la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos y el rechazo a la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAS).
El documento establece un “rechazo frontal” a la política migratoria del Gobierno central y deja claro que la Junta no participará en ningún reparto de inmigrantes, ni mayores ni menores, desde el inicio de la legislatura.
En esta línea, el Ejecutivo autonómico se compromete a que no se abrirán nuevos centros de acogida ni se ampliarán los existentes: “ni una plaza más”, junto a una reducción del gasto al mínimo legal. Además, se realizarán auditorías anuales sobre el coste de la inmigración y se endurecerán los mecanismos de control.
El acuerdo también contempla la supresión de subvenciones a ONG vinculadas a la inmigración ilegal, la verificación de edad de los menores mediante pruebas y la eliminación de programas educativos relacionados con lengua árabe y cultura marroquí.
Según el texto, el objetivo es reforzar el control migratorio y garantizar el orden público en la región.
