La Junta de Extremadura ha anunciado un refuerzo de los mecanismos de control sobre las derivaciones de menores extranjeros no acompañados remitidas por el Gobierno de España. El Ejecutivo autonómico justifica esta decisión tras detectar situaciones que considera preocupantes para el funcionamiento y la sostenibilidad del sistema regional de protección de menores.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha informado de que desde 2023 un total de 73 personas que inicialmente accedieron a España siendo consideradas mayores de edad pasaron posteriormente a integrarse en el sistema de protección de menores tras declarar que eran menores. Según los datos aportados por la Junta, la atención prestada a estos casos ha supuesto un coste cercano a los cuatro millones de euros.
Ante esta situación, la Consejería ha decidido intensificar las comprobaciones sobre la edad de las personas derivadas a Extremadura cuando existan dudas razonables sobre la información facilitada en los expedientes.
Como primera medida, la Junta solicitará pruebas forenses de determinación de edad en aquellos casos en los que resulte necesario acreditar la edad real de la persona derivada. Fernández Calle ha señalado que esta instrucción ya se encuentra en aplicación y que se han solicitado a la Fiscalía pruebas en cinco expedientes concretos. Si los resultados concluyen que la persona es mayor de edad, dejará de formar parte del sistema autonómico de protección de menores.
Además, el Gobierno regional revisará de forma individualizada cada uno de los expedientes recibidos para comprobar si existen familiares o personas de referencia que puedan asumir la tutela o atención del menor, tal y como prevé la legislación vigente en materia de protección de la infancia.
La Junta también ha anunciado que analizará jurídicamente todas las nuevas derivaciones remitidas por el Ejecutivo central. En aquellos casos en los que considere que las decisiones adoptadas no se ajustan al marco legal o puedan comprometer la capacidad de respuesta del sistema extremeño, estudiará la presentación de recursos administrativos y contencioso-administrativos.
Fernández Calle ha defendido que el Gobierno autonómico utilizará «todas las vías legales disponibles» para proteger los intereses de Extremadura y garantizar que las derivaciones se realicen conforme a la normativa vigente.
El vicepresidente ha advertido igualmente del aumento de la presión sobre los recursos autonómicos destinados a la protección de menores. Actualmente, Extremadura tutela a 106 menores extranjeros no acompañados, una cifra que podría elevarse a 113 con la llegada de otros siete menores derivados por el Gobierno de España. Según los datos facilitados por la Junta, durante los últimos diez días se ha comunicado la incorporación de trece nuevos menores al sistema autonómico.
Desde el Ejecutivo regional insisten en que las nuevas medidas buscan asegurar que la protección se destine a quienes cumplen los requisitos legales para recibirla y garantizar la sostenibilidad de un sistema que, según advierten, afronta una creciente demanda de recursos.
