La organización FACUA Extremadura ha vuelto a denunciar el progresivo cierre de oficinas bancarias en la comunidad autónoma, una tendencia que está generando serias dificultades de acceso a servicios financieros básicos para miles de ciudadanos.
En los últimos meses se han producido nuevos cierres, como el de una sucursal en el barrio de San Fernando de Badajoz. A esto se suma la situación de zonas como Cerro Gordo, donde no existe ningún cajero ni oficina bancaria. Este fenómeno se extiende a numerosos municipios extremeños, especialmente los más pequeños, cuyos vecinos se ven obligados a desplazarse varios kilómetros para realizar gestiones cotidianas como retirar efectivo o pagar recibos.
FACUA advierte de que la desaparición de sucursales forma parte de un cambio en el modelo bancario que incluye restricciones en la atención presencial, aumento de comisiones en ventanilla, derivación a cajeros automáticos o banca online y sistemas de cita previa que dificultan la inmediatez. Estas medidas agravan la exclusión financiera y amplían la brecha digital, afectando especialmente a personas mayores, con discapacidad o con escasas competencias tecnológicas.
La asociación también critica la posibilidad de que administraciones públicas financien la instalación de cajeros automáticos para suplir la falta de oficinas. Considera que esta solución es insuficiente y cuestiona el uso de fondos públicos para cubrir responsabilidades que deberían asumir las entidades bancarias. A su juicio, los cajeros no sustituyen la atención personalizada ni garantizan la inclusión financiera, dejando fuera a quienes no pueden utilizarlos de forma autónoma.
FACUA recuerda que los servicios bancarios son esenciales y que las administraciones deben garantizar su acceso en condiciones de igualdad. La legislación en materia de consumo establece una protección especial para las personas vulnerables, obligando a los poderes públicos a evitar obstáculos que dificulten el ejercicio de sus derechos.
Por ello, la organización reclama que no se premie a entidades que reducen servicios, que los bancos adapten su atención a las necesidades reales de la población y que no se utilicen recursos públicos para suplir carencias del sector financiero. Asimismo, insiste en la necesidad de implementar medidas de acompañamiento para usuarios con dificultades tecnológicas.
FACUA Extremadura concluye que el actual modelo bancario está dejando atrás a una parte importante de la ciudadanía y exige una respuesta firme por parte de las administraciones para garantizar un acceso justo y universal a los servicios financieros.
